El 5 de septiembre de 2026 entra en vigencia la Ley 27.801, que reemplaza al régimen de menores vigente desde 1980 y baja la edad de responsabilidad penal a los 14 años. Pero la reforma es mucho más que ese número: cambia por completo el enfoque con el que el sistema judicial trata a los adolescentes.
La Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026, deja atrás el viejo modelo tutelar de la Ley 22.278 —caracterizado por un margen muy amplio de discrecionalidad judicial— para dar paso a un sistema de responsabilidad penal juvenil basado en la Convención sobre los Derechos del Niño. La idea central es que el Estado pueda responder ante los delitos cometidos por adolescentes sin resignar las garantías del debido proceso ni la protección integral que esa etapa de la vida requiere.
El cambio de mayor repercusión es la baja de la edad mínima de responsabilidad penal: de los 16 años que exigía el régimen anterior, pasa a los 14. Desde la entrada en vigencia de la ley, el Estado va a poder atribuir responsabilidad penal a adolescentes de entre 14 y 18 años por la comisión de delitos.
Es un error común pensar que esta reforma equipara a los adolescentes con el sistema penal de adultos. No es así. La ley mantiene criterios muy estrictos para limitar el uso del encierro:
La norma prohíbe expresamente la reclusión perpetua y la prisión perpetua para adolescentes, y fija en 15 años el tope máximo de las penas privativas de la libertad, incluso cuando la escala penal fuera mayor por el concurso de varios hechos.
En línea con los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley establece que la respuesta judicial debe dar prioridad estricta a las medidas socioeducativas, de acompañamiento y de reinserción social por sobre el encierro. Entre las herramientas previstas se destacan:
Para aplicar estas medidas, la ley institucionaliza la intervención de equipos interdisciplinarios —psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y profesionales de la salud— encargados de diagnosticar la situación integral del adolescente, sugerir la medida más adecuada y hacer el seguimiento de su evolución.
El nuevo régimen consagra expresamente el derecho a una defensa jurídica eficaz desde el primer momento, el derecho al silencio, el principio de lesividad mínima, el principio in dubio pro reo con interpretación pro minoris, y el derecho a que el proceso tenga un plazo razonable.
Para las familias, esta reforma implica que un adolescente de 14 años ya puede quedar sujeto a un proceso penal por hechos que antes no generaban esa consecuencia. Al mismo tiempo, implica un conjunto amplio de garantías y de vías alternativas al encierro que conviene conocer desde el primer momento, porque cómo se maneja el proceso en las primeras horas puede definir el resto del caso.
"¿Un familiar menor de edad está siendo investigado por la Justicia? Consultá antes de que avance el proceso."
Consultar sin cargo