El Presidente Javier Milei anunció por cadena nacional el envío al Congreso de una "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional", junto con un decreto y una serie de medidas orientadas a reforzar la posición argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Durante el anuncio, el mandatario explicó que la iniciativa busca dotar al Estado de nuevas herramientas legales, administrativas e institucionales para actuar frente a actividades que el Gobierno considera contrarias a los derechos soberanos argentinos sobre el archipiélago y los recursos naturales del Atlántico Sur. El mensaje presidencial estuvo particularmente centrado en la preocupación oficial por el avance del proyecto Sea Lion, vinculado a la exploración y explotación de recursos naturales en el área de las islas.
Según lo anunciado, el proyecto que se remitirá al Congreso tendrá tres objetivos centrales.
Esta ley establece restricciones para quienes exploren o exploten hidrocarburos en áreas vinculadas a Malvinas sin autorización argentina. La reforma que se propone contempla:
El segundo eje prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de distintas áreas del Estado, encargado de diseñar una política de seguridad nacional transversal que coordine a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Este organismo tendría además competencias vinculadas a la protección de infraestructura crítica y al fortalecimiento de la seguridad marítima y aeroespacial del país.
El tercer componente apunta a otorgarle al Estado facultades para adoptar medidas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o privados que, según la evaluación oficial, afecten intereses estratégicos o la seguridad nacional.
Además del proyecto de ley, el Gobierno informó la firma de un decreto orientado a reforzar la aplicación de la Ley 26.659, con mecanismos para acelerar los procedimientos administrativos y mejorar la coordinación entre organismos públicos en la detección de infracciones vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
También se anunciaron nuevos requisitos y declaraciones juradas para las empresas que soliciten permisos o participen de regímenes vinculados a actividades hidrocarburíferas e inversiones estratégicas, con el objetivo de verificar que no mantengan operaciones alcanzadas por las restricciones de la normativa argentina.
El proyecto todavía tiene que ingresar formalmente al Congreso y atravesar el debate legislativo, donde puede sufrir modificaciones antes de convertirse en ley. El Gobierno sostuvo que, en paralelo, va a continuar impulsando acciones diplomáticas, legales y administrativas para respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.